La decisión del Gobierno nacional, en acuerdo con la oposición “dialoguista”, de avanzar en una modificación del impuesto a los Bienes Personales que perjudica a las viviendas rurales disparó una catarata de críticas en el sector agropecuario.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (Ceea) y la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) emitieron duros comunicados para cuestionar este proyecto legislativo.

Tras tomar nota de este malestar en el agro, que se suma al que generó la reimplantación de las retenciones y la posibilidad de incrementarlas hasta el 33 por ciento para la soja, finalmente Cambiemos incluiría un cambio en el nuevo esquema de Bienes Personales que achicaría la presión de este impuesto para el sector agropecuario.

Mesa de Enlace

El jueves por la tarde, la Ceea manifestó su rechazo a la eliminación de las exenciones para inmuebles rurales incluida en el proyecto de reforma de Bienes Personales. “Esta modificación se combina con el aumento que tuvo la valuación de los campos que, en algunos casos, llegó a ser de entre 10 y 20 veces el valor fiscal original”, indicó la entidad que reúne a las cuatro asociaciones ruralistas más grandes del país.

Y agregó: “Esto representa un nuevo impuestazo al campo, el sector más dinámico de la economía y que está en mejores condiciones de contribuir a sacar al país de la severa crisis económica en la que se encuentra. Si a esto le sumamos la nueva imposición de derechos de exportación y la posibilidad de llevar las retenciones a la soja al 33 por ciento, incluidas en el proyecto de presupuesto, nos encontramos ante un panorama absolutamente desalentador”.

“Resulta paradójico que, en un momento en el que el sector privado necesita incentivos positivos para producir, invertir y renovar la confianza en el país; desde el sector público se busque que el grueso del ajuste recaiga sobre el campo y los productores. Al mismo tiempo, el Estado en todos sus niveles continúa mostrando una ausencia de voluntad de dar el ejemplo realizando su propio ajuste sobre sus onerosos presupuestos y obscenos niveles de gasto”, acusó además la Mesa de Enlace.

Cartez

En paralelo, la Confederación que nuclea a sociedades rurales de Córdoba, Catamarca, La Rioja y San Luis, difundió un comunicado titulado: “Rechazamos una nueva cacería en el zoológico”.

Para la entidad presidida por Gabriel De Raedemaeker, “extraña y desilusiona que, a pesar de las promesas de cambio, invariablemente se apueste al aumento de la agobiante presión fiscal a los contribuyentes como única y errónea estrategia del Estado para satisfacer necesidades de caja, quitándole toda perspectiva productiva al sector al que, por el contrario, se debería incentivar”.

Cartes reclamó en este marco “una política impositiva más justa y equitativa, que asegure la plena vigencia de los principios republicano y federal, aumentando la base tributaria a aquellos sectores que desde siempre han sido eximidos del tributo a las ganancias, a los que ocultaron o falsearon la información a los Organismos Públicos de recaudación y control, a los que saquearon al País, a los sospechados de manejos espúreos… sin olvidar el achicamiento del Estado”.

“En definitiva, exigimos de los funcionarios de turno una mirada mucho más abarcativa para obtener los recursos que se necesitan. Y, por sobre todo, la dignidad de plantear de frente una propuesta de solución; actuar a escondidas es no saber o no querer enfrentar la realidad”, concluyó.

Cambios

Tras hacerse eco de todos estos reclamos y para no abrir un nuevo frente de conflicto con el campo, Cambiemos acordó con la oposición “dialoguista” que los inmuebles rurales sí deberán pagar Bienes Personales, pero tendrán un trato diferencial con respecto al resto de los contribuyentes, al establecer que se aplicará una única alícuota, de 0,25 por ciento, sobre todas las propiedades con más de dos millones de pesos de valuación fiscal.

De esta manera, los grandes establecimientos agropecuarios no pagarán más que los propietarios de campos más chicos, a diferencia del resto de los contribuyentes de Bienes Personales a quienes se aplican alícuotas superiores a 0,25 si sus bienes tienen un mayor valor. En el proyecto original figuraba únicamente que los inmuebles rurales dejarían de estar exentos de pagar Bienes Personales.

El argumento original del oficialismo para sumar esta mayor presión fue que los inmuebles rurales estaban exentos porque estaban gravados con Ganancia Mínima Presunta, un tributo que a partir del 1° de enero próximo dejará de existir como consecuencia de la reforma tributaria del año pasado.