El presidente Alberto Fernández comunicó que derogó el decreto 522/20 por medio del cual a comienzos de junio pasado había ordenado la fallida intervención de Vicentin SAIC por 60 días con el propósito posterior de expropiarla.

Fernández, a través de su cuenta de Twitter, informó su decisión junto con la publicación del decreto que procede a derogar la intervención, el cual será publicado próximamente en el Boletín Oficial.

En los fundamentos del decreto se reconoce que “la acción (expropiatoria) del gobierno nacional demandaría un esfuerzo de recursos que lejos de ser percibida como una acción virtuosa de rescate de la compañía, fue interpretada con desconfianza por diferentes sectores tanto de productores como de trabajadores destinatarios de dichos aportes a la solución de crisis de Vicentín SAIC”.

El decreto fue acompañado por una serie de comentarios de Fernández sobre Fabián Silvano Lorenzini, juez de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista (Santa Fe), quien tiene a su cargo desde febrero pasado el proceso concursal de Vicentín SAIC.

“El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, adujo Fernández.

“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, señaló el presidente, aunque –vale aclarar– tal obligación no corresponder al Poder Ejecutivo, sino al Judicial.

“La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin SAIC como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”, añadió Fernández en referencia al proyecto original de expropiar la empresa, el cual fue desactivado luego de manifestaciones populares en contra de la iniciativa que se desarrollaron en la mayor parte del territorio argentino.